Tema:
El proceso de paz en Centroamérica y el reconocimiento de la diversidad étnico – cultural: El caso de Nicaragua y Guatemala.
1. Aspectos introductorios
En Centroamérica la guerra que se desarrolló durante los “años ochenta”, afectó de forma directa a la población indígena. A pesar que ésta se expresa de distintas maneras en Nicaragua y Guatemala, hay ciertas similitudes en el tema étnico cultural que en este ensayo se pretende exponer. Esta situación es consecuencia de procesos de paz como resultado de demandas históricamente postergada por los Estados nacionales para el caso de Pueblos Indígenas. El ensayo abarcará el período desde 1984 cuando se producen las negociaciones para la firma de paz en Nicaragua con el movimiento indígena armado, hasta 1999, cuando ocurre la consulta para las reformas constitucionales en Guatemala.
En este corto escrito se realiza un recorrido de forma somera por el contexto de Centro América en los “años ochenta”, se revisan los acuerdos de paz firmados en Nicaragua entre el gobierno sandinista y MISURA , y en Guatemala, entre el gobierno central y la URNG; para finalizar con un balance sobre los resultados del proceso paz en ambos países.
En la actualidad se visualizan avances sustanciales en distintos campos referidos en Nicaragua a la implementación del Estatuto de Autonomía para las dos Regiones del Atlántico de Nicaragua (1987), y en Guatemala, luego de firmar el Acuerdo de Paz firme y duradera en 1996. En el caso Guatemalteco para efectos de este ensayo, se revisa el acuerdo de “Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas” en sus siglas AIDPI (1995).
Elementos comparativos a desarrollar
Los elementos comparados son:
Por un lado, el reconocimiento legal de los acuerdos de paz suscritos entre las partes tanto en Nicaragua como en Guatemala. Y por otro, el momento histórico –de guerra- en que se dan los acuerdos de paz y posterior reconocimiento de derechos por parte del Estado. En ambos contextos, hay ya un movimiento indígena que toma fuerza y propone cambios a la exclusión histórica de sus derechos. De forma puntual se valoraran los avances en términos del reconocimiento constitucional de los derechos particulares de los Pueblos Indígenas.
Las preguntas que siguen, me ayudan a orientar el ensayo:
¿Los acuerdos de paz son un paso al reconocimiento de la identidad y derechos de los Pueblos Indígenas en Nicaragua y Guatemala? ¿Cuál era el contexto internacional y nacional para la firma de acuerdos de paz? ¿Qué similitudes y diferencias se observan en los acuerdos de paz? ¿Cuál es el resultado de los acuerdos de paz en Nicaragua y Guatemala en lo que se refiere a Pueblos Indígenas?
Reconocimiento legal de los acuerdos
En el caso de Nicaragua, este reconocimiento fue casi inmediato, con la “gran consulta popular” que se hizo específicamente en las Regiones Autónomas. Los aspectos consultados se consensuaron entre los diferentes Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas presentes en la región del Atlántico. Aunque esta situación fue ampliamente consultada, al final, privó la visión del gobierno de otorgar derechos y garantías a las comunidades bajo la modalidad de “autonomía regional multiétnica” y no indígena como las distintas voces desde las comunidades expresaron .
En Septiembre de 1987, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el Estatuto de Autonomía para las dos Regiones Autónomas del Atlántico de Nicaragua, y en ese mismo año se erige una nueva Constitución Política que reconoce la diversidad cultural, lingüística y étnica de la nación nicaragüense (Arto 5 Cn. República de Nicaragua).
En Guatemala no ha habido reconocimiento constitucional pleno. Después de la firma de los acuerdos de paz, se realizó el referéndum (1999), para incorporar los acuerdos al marco legal, pero esto no fue posible, pues ganó el NO. A diferencia de Nicaragua, el proceso de reconocimiento desde el ámbito nacional estatal ha sido promovido desde la práctica. El movimiento indígena se ha encargado de encaminar dichos acuerdos, poco a poco como parte de su propia agenda. Estos avances se han producido a través de negociaciones puntuales con los gobiernos de turno desde 1996.
La Constitución de la República de Guatemala incluye algunos aspectos relevantes para los Pueblos indígenas pero limitados si se compara con el contenido de los acuerdos de paz sobre Identidad y derechos de los Pueblos Indígenas, suscritos entre el gobierno y la URNG en 1995. Los derechos que aquí se recogen parecen más bien “folclóricos” con poca dimensión a sus derechos humanos sustanciales tanto colectivos como individuales.
2. Características de los acuerdos
Si bien, los acuerdos de paz en Guatemala son muy diversos a diferencia de los acuerdos que se suscriben en Nicaragua y El Salvador. En Nicaragua hubo un acuerdo específico que anticipó los acuerdos de Esquipulas II, éste se suscribió de forma directa con los grupos irregulares o indígenas alzados en arma. Y posteriormente se firma otro acuerdo con la Resistencia Nicaragüense y partidos políticos opositores al gobierno sandinista en la “otra parte del país” .
En El Salvador, el elemento étnico, no fue sustancial en la lucha revolucionaria; al parecer, en las filas del FMLN fue inexistente esa demanda. Por lo que se conoce, sus fuerzas aglutinaban población con otros intereses: obreros, campesinos e intelectuales. El movimiento indígena – de etno/génesis - en El Salvador, toma fuerza en sus reivindicaciones posterior a los acuerdos de paz firmados en 1992 .
En Guatemala, el origen de los acuerdos específicos de identidad y derechos de los pueblos indígenas, no podía quedar fuera. Esto puede explicarse por la alta densidad poblacional indígena existente en este país que la diferencia del resto de países del istmo Centroamericano pues por su representatividad en términos numéricos al abordarse cualquier tema es obligatorio incluir el elemento étnico-cultural. Por otro lado, el genocidio efectuado en el pasado reciente por el gobierno guatemalteco contra la población indígena quizás fue un aspecto central para considerar responsabilidad histórica por el pasado reciente y por la exclusión histórica de invisibilización y racismo existente en la sociedad.
Probablemente estas dos situaciones expliquen el significado de uno de los acuerdos más importantes que finalmente se firmaron en 1996.
El elemento étnico es básico para establecer la comparación en los acuerdos de paz entre Nicaragua y Guatemala. Aquí es importante considerar que ambos acuerdos de paz se realizan en épocas distintas, en contextos nacionales e internacionales diferentes, además, distintos en cuanto a densidad poblacional y las características particulares del movimiento indígena en cada uno de los países estudiados.
3. Contexto para la firma de los acuerdos de paz en Centroamérica
- El desafío étnico frente al Estado Nación
La guerra fría que se vivió en la región Centroamericana tuvo efectos negativos para sus habitantes, situación que afectó fuertemente a la población de la zona rural y en particular a los Pueblos Indígenas.
En el caso de Nicaragua la asunción al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en 1979 la cuestión étnica no era parte de su programa político y de gobierno. Esta situación en sí misma representó un desafío para el nuevo gobierno; quien tuvo que negociar directamente con representantes del movimiento indígena llamado para entonces “ALPROMISU ” para tratar asuntos referentes a la Costa Atlántica y en general, incorporarlos en el espacio de toma de decisiones que representaba para entonces la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.
En 1981 al no reconocer las demandas de los pueblos indígenas del Caribe nicaragüense, el Estado apresa a sus principales dirigentes, situación que provocó una movilización social sin precedentes en la historia nacional. Se constituye entonces, un grupo armado que retó al gobierno sandinista hasta en 1984 que inicia el proceso de “paz y autonomía”. Se firman acuerdos en 1985 con los rebeldes armados.
En Guatemala, según documentos que se han escrito sobre la guerra, afirman que el gobierno buscaba entre 1978-1982 erradicar a la insurgencia armada que se ubicaba precisamente en las zonas pobladas por población indígena, siendo su capital de apoyo en la lucha armada. De ahí surge lo que ahora se conoce como “tierra arrasada” que significó el exterminio de comunidades enteras (Vela, 2008:66), y el proceso de reasentamiento de grandes núcleos poblacionales en otras zonas o países. Para Sieder, la guerra civil no tuvo su origen en demandas de tipo étnicas de autonomía, aunque la discriminación y marginación histórica de los Pueblos Indígenas en Guatemala fueron en parte, raíces del conflicto armado (1997:205).
Es en el contexto de guerra de los ochentas en el que se encuentran inmersos los Pueblos Indígenas en el que Marie-Chantal Barre afirma que resulta destacable la “emergencia de los movimientos étnicos-políticos en el escenario de Centroamérica. Aquí ciertos sectores indígenas se han integrado a la lucha político militar”. En este caso se refiere de forma directa a Nicaragua y Guatemala . La característica particular en la lucha y demanda de reivindicaciones propias de las minorías étnicas .
Guerra fría
Durante muchos años en Centroamérica prevalecieron gobiernos militares que restringieron las libertades individuales y también colectivas. No obstante, Latinoamérica en general y Centroamérica en particular, se encuentra ante una coyuntura política y social de cambios sustanciales cuando asume el poder Fidel Castro por medio de la Revolución en Cuba en 1959. Estados Unidos impulsa la Alianza para el progreso con políticas específicas para evitar o contener a posibles grupos subversivos en el continente.
Centroamérica para esa época, ya era un espacio en contradicción debido a la situación social de exclusión de grandes masas poblacionales y la distribución desigual de la riqueza. Dado el contexto, se dan entonces, movimientos revolucionarios que buscan como reivindicar derechos humanos básicos de la población e impulsar cambios democráticos importantes.
La llegada de la Revolución sandinista el 19 de Julio de 1979, va a ser clave para comprender la política de Estados Unidos posteriormente y el apoyo decidido a los gobiernos militares de El Salvador y Guatemala para detener las posibles revoluciones que lideran la insurgencia armada en cada uno de esos países. Por su parte, en Honduras y Costa Rica, se presta su territorio para hospedar a la “contra revolución” y de esta manera bloquear a la Revolución sandinista. En este caso, Nicaragua, además de guerra de baja intensidad se sumó el bloqueo económico en 1984.
Siendo estas las condiciones sociopolíticas de la región Centroamericana, el grupo de Contadora , respaldado políticamente por la Comunidad Económica Europea se involucraron de forma activa la promoción de un posible proceso de paz de la región. El interés de estos actores se centró en establecer un acuerdo regional de seguridad que impidiera la existencia de bases militares y asesores militares extranjeros, el cese del apoyo a las fuerzas irregulares, y la suscripción de pactos de no agresión entre los países (Chamorro, 2002:55).
A pesar de los esfuerzos del grupo de Contadora, los gobiernos Centroamericanos se reúnen en 1987 como una forma de continuidad del camino iniciado a través del acompañamiento de Contadora. En el que se firman los acuerdos llamados Esquipulas II, firmados en Guatemala en 1987.
Posterior a estos acuerdos, Estados Unidos como reacción publicó el Plan Reagan. Con un tono amenazante, Estados Unidos consideraba ciertas condiciones para poder dejar de financiar a sus aliados en la región centroamericana. Para su sorpresa es Nicaragua el primer país –de los tres en guerra- que se acoge al proceso de paz y establece el diálogo directo con la insurgencia armada tal como lo demuestran los acuerdos con los indígenas en el Caribe nicaragüense (1985), y luego en Sapoá, con la dirigencia de la Resistencia Nicaragüense (RN), en 1988.
El Plan Reagan suscrito por Estados Unidos a la par de la firma de los acuerdos de Esquipulas, deja entrever los intereses del gobierno norteamericano en términos de ver a Nicaragua como una amenaza para la “democracia” en Centroamérica (Rev. Envío No. 75, Chamorro, 2002:52). Estados Unidos se opuso a la paz desde un inicio tanto con la iniciativa de Contadora como de Esquipulas (Torres – Rivas, 2002: 146).
El contexto general de los acuerdos de paz en Centro América obedece a la culminación de la guerra fría en el ámbito internacional. La participación activa en el proceso de parte de Nicaragua era fundamental para avanzar en la estabilidad regional. De acuerdo a lo expuesto por Chamorro, los acuerdos significaron: negociaciones de paz a nivel regional y nacional, elecciones sometidas a una amplia observacional internacional, procesos de desarme y desmilitarización, y una prolongada transición política (2002:49).
- Acuerdos de paz en Centro América
Los presidentes de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, reunidos en la Ciudad de Guatemala el 6 y 7 de agosto de 1987 firman los acuerdos de paz conocidos como “Esquipulas II” .
Los aspectos tratados por este acuerdo entre los presidentes de Centroamérica son el marco general para puntualizar posteriormente los acuerdos en cada uno de los países que en el istmo se encontraban en confrontación armada. Tal es el caso de Nicaragua (1987) , El Salvador (1992) y Guatemala (1996). Esos contenidos incluían aspectos como: el diálogo, amnistía para los presos políticos, respeto a los derechos humanos, la creación de una comisión de reconciliación, cese al fuego en los conflictos militares, desmovilización de las fuerzas insurgentes, elecciones como el método para dirimir las diferencias, procesos democráticos , elementos sobre la seguridad y no agresión, protección y asistencia a la población refugiada y desplazada producto de los conflictos armados, gestión de apoyo para garantizar la justicia económica y social (Revista Envío No. 75, Chamorro, 2002:57).
Según Chamorro, en teoría, estos acuerdos son obligatorios para todos los países del istmo Centroamericano, pero desde el primer momento se observó que Esquipulas estaba concebido principalmente como un instrumento de presión para Nicaragua (2002:57).
En el marco de estos acuerdos, Nicaragua firma la paz en Mayo de 1985, con el movimiento indígena armado, así mismo, en 1988, con los partidos opositores al gobierno y de forma simultánea con la Resistencia Nicaragüense. En tanto en Guatemala, ese proceso inicia en 1990, con la apertura de diálogo de parte del gobierno, hacia un posible proceso de paz (Jonas, 1990:26), concluye en 1996 con la firma de la “paz firme y duradera”. Este proceso se caracterizó como explica Jonas, por innumerables rupturas que prosiguieron la marcha hasta alcanzar una variedad de acuerdos referidos derechos fundamentales de la población guatemalteca.
El proceso de paz que se lleva a cabo en Centroamérica en los años finales de la década de los ochenta, da inicio con la iniciativa que impulsa el gobierno sandinista en 1985. Este proceso se da de forma directa entre el gobierno y el movimiento indígena armado. En 1988, el proceso se amplía en el marco de los acuerdos de paz de Esquipulas, abarcando a la contrarrevolución. Las negociaciones y la transición de Nicaragua ofrecieron valiosas lecciones a las partes en diálogo en el resto de la Región (Chamorro, 2002:50).
Los cambios políticos que ocurren en el contexto internacional son elementales para promover los acuerdos de paz en Centro América. En este sentido, tal como lo menciona Torres y Rivas, uno de esos aspectos es la relación que hay entre avances de la democratización y las posibilidades de alcanzar la paz. Además, al finalizar la guerra fría, los países de la región se insertan a los procesos de la democracia liberal (2002: 142).
- Contexto para la firma de la paz en Nicaragua y Guatemala en el acuerdo específico sobre pueblos indígenas.
Nicaragua
La coyuntura política tanto a nivel internacional como a lo interno, era sumamente delicada. Del exterior había mucha presión para que el gobierno atendiera de una forma diferente la situación que acontecía en la zona del Atlántico nicaragüense. En particular porque sus habitantes eran indígenas que estaban siendo perseguidos y reprimidos por el gobierno al nutrir las fuerzas insurgentes asentadas en Honduras o en Costa Rica. A nivel interno, el gobierno empezaba a reconocer que el conflicto tenía otras características.
Las razones que explican el acercamiento de parte del gobierno de Nicaragua a entablar diálogo con una de las fracciones del movimiento indígena alzado en armas era precisamente las características de las demandas de este movimiento, de acuerdo con Frühling et al. Estos al parecer tenían una motivación distinta a la de la Resistencia Nicaragüense (RN) (2007: 62), o como era conocida “la contrarrevolución”, que operaba en el resto del territorio nacional con base entre la población campesina .
Las demandas del movimiento indígena armado se consolidaron a partir de la represión que el gobierno emprendió contra la población indígena de la región del Caribe. Esta situación, incrementó el apoyo y simpatía de parte de la población a la resistencia indígena, además, del desgate continuo de parte del Ejército producto de las acciones militares de los indígenas. Las demandas de este movimiento alzado en armas eran eminentemente étnicas, con clara alusión a sus derechos históricos como pueblos. Esto era el aspecto que diferenciaba a los dos grupos movilizados en armas en contra de la Revolución Sandinista.
Los acuerdos de paz que se suscriben con el movimiento indígena armado en el caso nicaragüense, se dan en un contexto particular de guerra, en donde las fuerzas insurgentes se encuentran debilitadas por carencia de apoyo logístico que brindaba de forma abierta el gobierno de Estados Unidos. Así lo explican Frühling, González y Buvollen (1997).
Así mismo, el contexto social que se vivía en las comunidades obligó a los indígenas a deponer las armas y entrar a un proceso de diálogo. Las comunidades se encontraban en ese momento, aisladas por parte del gobierno, sin abastecimiento del sustento alimenticio diario y limitadas para realizar actividades cotidianas en la búsqueda de la dieta familiar en la pesca, caza o cultivo. En estas condiciones se realiza la firma de paz en la comunidad de Yulu, en Mayo de 1985.
El gobierno de Nicaragua había empezado desde 1984 a establecer contacto y negociaciones directas con una de las fracciones del movimiento indígena armado denominado MISURASATA, dirigido por Brooklin Rivera. Pero ya en 1985, fracasa este intento por llegar a acuerdos, debido a la participación de Estados Unidos y el movimiento indígena de ese país. Desde la perspectiva del gobierno esta participación “boicoteó” los avances en el proceso de paz (Frúhling, et al.1997:62-63).
Según comunicación personal con Hazel Law, miembro de la Comisión Nacional de Autonomía (CNA) estos acuerdos se concretaron en tres momentos, el primero incluía a lo inmediato el “cese al fuego”, los siguientes se caracterizaron por incluir elementos básicos para la consulta del proyecto de Autonomía, aspectos que venían desarrollándose previo a la firma de la paz en la comunidad de Yulu.
Los acuerdos con MISURA, Incluyeron el cese al fuego en primera instancia, el retorno de los refugiados a sus lugares de origen, la normalización de los servicios a las comunidades del llano en donde este grupo operaba, garantías de seguridad y libertad de circulación (Revista Envío No. 77, Noviembre 1987).
Los acuerdos en 1985 se refieren fundamentalmente a las garantías para el desarme de los indígenas que operaban en el territorio del Llano Sur del municipio de Puerto Cabezas, se firma un cese al fuego entre las partes; abastecimiento de alimentos, reparación de caminos de penetración a las comunidades con el fin de reactivar de forma productiva ese territorio. Además, apoyo a la reinserción social, comunitaria y productiva de los ex combatientes . Los sucesivos acuerdos entre el gobierno y otros grupos irregulares que se desarman no cambian mucho en su contenido general .
Entre los acuerdos de cese al fuego definitivo se contempla que “una tercera parte de las fuerzas en diálogo será absorbida por el sector productivo-agropecuario, pesca artesanal, minería, forestal con habilitaciones del Banco Nacional de Desarrollo. Se incluye capacitación técnica con facilitadas de becas en centros de enseñanza nacionales y extranjeros; una tercera parte de los desmovilizados indígenas pasarían a formar parte de las fuerzas armadas mismas que garantizarían el buen trato entre ambas partes” (Gobierno de Nicaragua, 1987).
Como se puede observar, estos acuerdos tenían un alto contenido de aspiraciones por la paz, como elemento central de los acuerdos, pues la prioridad era el “desarme del grupo insurgente” . Los contenidos sobre derechos de los pueblos indígenas, serán desarrollados por las “comisiones de paz y autonomía” como se les conoce posteriormente hasta llegar a la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1987.
Los contenidos de los acuerdos al parecer son definidos por el gobierno sandinista. En el contexto de los acuerdos, la resistencia indígena actuaba en desventaja. Al frente de las negociaciones por la paz se encontraba un liderazgo comunitario sin mucha experiencia en negociaciones de tipo político y con poca formación académica. Tampoco contaban con ningún tipo de asesoría como en efecto ocurría con Brooklin Rivera, uno de los dirigentes históricos del movimiento indígena en el Caribe nicaragüense.
Esta situación es explicada por Fruhling et al. Al expresar que en los distintos encuentros entre MISURASATA y el gobierno sandinista, Brooklin insistió siempre en priorizar los temas sustantivos y después atender los referidos a los temas operativos (2007:65). Al romperse el diálogo, la dirigencia del Frente Sandinista impuso los temas operativos a los sustantivos en los acuerdos de Yulu el 17 de Mayo.
Sin embargo, ya en marcha la autonomía Hazel Law apunta: “los guerrilleros tenían la esperanza que se reconocieran sus derechos, era más fácil el entendimiento con ellos”. Así mismo, la ex diputada Law considera que “uno de los logros fue el avance con la ley de Autonomía. Pero la paz, por sí misma, es un logro capital, porque permitió el inicio de la reunificación de las familias indígenas, el retorno de la gente de Honduras, la salida de la clandestinidad de ¨los muchachos¨ como llamaba la gente a los combatientes indígenas, el cese de las capturas, es decir la vuelta a la tranquilidad” .
Al momento de los acuerdos de paz en 1985, el gobierno de la época había empezado desde 1984 a establecer áreas pilotos del proyecto de autonomía como lo fue en el sector de Tasba Pri (Comunidades Miskitus y Mayangnas) y Orinoco (comunidad Garífuna); la idea era que en estas comunidades se llevaría a la práctica la autonomía (Früling et al. 2007:70). Aquí se estaba desarrollando la Educación bilingüe , salud, proyectos de rehabilitación productiva e infraestructura social. Después de Mayo de 1985, se inserta a esta modalidad las comunidades ubicadas en el municipio de Prinzapolka y el sector del Llano Sur, del municipio de Puerto Cabezas.
También, en Enero de 1985 de forma paralela a las negociaciones con MISURASATA, el gobierno inició el proceso de consulta sobre las condiciones de autonomía por medio de comisiones regionales . Se creó a la par, la Comisión Nacional de Autonomía, estos elaboraron y publicaron el documento llamado “Principios y políticas para el ejercicio de los derechos de autonomía de los pueblos indígenas y comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua” que constituyó el documento base para la consulta popular que se realiza en 1986 en toda la región (Frünling et al., 2007:70) .
Se crean de forma simultánea las comisiones de paz y autonomía a nivel de las comunidades quienes se encargaban de discutir las propuestas desde su propio seno. Luego de la consulta general del proyecto de autonomía, la Asamblea Regional Multiétnica se reúne en Puerto Cabezas con 220 delegados de diferentes comunidades de toda la región. El propósito fundamental de esa reunión era la discusión y consenso del contenido de la propuesta de ley de Autonomía (Frühling et al., 2007:71-72, mencionado también por Law, 2008; y por el Centro de Comunicación Internacional, pg. 7-8).
Esta propuesta se eleva a la Asamblea Nacional que en 1987 aprueba el “Estatuto para las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua”. Además, en los principios y en artículos específicos de la nueva Constitución de la República se destaca su naturaleza “multiétnica, plurilingüe y multicultural”, aprobada también en 1987.
Las características del proceso de paz que se da en el Caribe de Nicaragua no permiten conocer a mayor profundidad su contenido y sus propias luchas. Esto se debe en parte a lo efímero del proceso. La firma de los acuerdos era solo una parte de la coyuntura política que permite profundizar en demandas del movimiento indígena que estaba enfrentando por las armas a la nación. El fondo del asunto era la exclusión histórica vivida por los pueblos indígenas y comunidades étnicas en esa región del país en las demandas por sus derechos colectivos.
La respuesta del gobierno fue el establecimiento de un acuerdo para la paz y posteriormente, pasan a la consulta para la aprobación de una ley que cobija derechos específicos de estas comunidades. A pesar de que el movimiento indígena armado no logró incluir dentro de los acuerdos de paz, aspectos sustantivos que obligaran al gobierno a conceder mayores derechos. En la práctica se obtienen importantes beneficios en medio de un contexto de guerra y de la firma de la paz en desventaja .
Hazel Law afirma que las consultas a la ley de Autonomía se realizaron junto a los des-alzados indígenas, ellos eran los garantes de tal proceso en distintas zonas donde se reinsertaron a la vida civil. No obstante, aunque parte del movimiento indígena que se encontraba alzado en armas participes de MISURA después llamados KISAN por la paz, empezaron de forma masiva a desmovilizarse, no se logra concretar algunas situaciones como es el caso de la elección de autoridades regionales como contemplaba la ley de Autonomía ya aprobada para Octubre. En este mes se suman al proceso de pacificación en el Caribe otro grupo liderado por Uriel Vanegas, éste negoció que mientras los máximos líderes del movimiento indígena en el exilio no estuvieran en el país, no podría haber elecciones. Es esta la razón que retrasa uno de los derechos reclamados por las comunidades “elegir a sus propias autoridades”.
Guatemala
Los acuerdos de paz son un resultado del proceso de democratización que ocurre en Guatemala y en general en Centro América en la década de los ochenta. De acuerdo con Torres-Rivas, la paz es posterior a la democracia. Esto se comprende a partir del proceso de transición que ocurre en este país desde el período de descomposición de la dictadura militar entre 1982-1983. El desprestigio de los gobiernos militares ante la brutalidad represiva contra la oposición política. Y el aislamiento del gobierno producto de su propia conducta a nivel interno. Así mismo, el reacomodo de los grupos en el poder para administrar la cosa pública y continuar la guerra (militares y empresarios), (Torres-Rivas, 2002: 129-131).
El tránsito hacia la democracia implicaba ceder el poder político a los civiles, no sin dejar de ser un Estado con estrategias contrainsurgente claramente definida (Torres-Rivas, 2002: 134-135). Este proceso se concreta mediante elecciones libres en 1985, bajo el amparo de una nueva Constitución Política.
Aunque hay cambios visibles en términos del tránsito de un tipo de gobierno a otro, distintos escritos como Sieder (1997) y Jonas (2000), valoran que la represión continuaba en particular en la zona rural, donde se asienta la mayor parte de la población indígena. Esta era una situación que concluyó en la práctica hasta que se firmaron los acuerdos de paz en 1996. En medio de esos cambios, se dan los acuerdos de Esquipulas en 1987, que ya se explican antes.
En Guatemala, motivados por los acuerdos que se suscriben en Nicaragua y luego El Salvador, busca la forma de entablar diálogo con la guerrilla en 1992. Formalmente se abre el espacio en 1994, auspiciadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Entre 1994-1996, se firmaron una variedad de acuerdos, tales como: derechos humanos, reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, comisión para el esclarecimiento histórico, socioeconómicos y situación agraria, fortalecimiento del poder civil y función del ejército, reformas constitucionales y régimen electoral, incorporación de la URNG a la legalidad y el Acuerdos de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito en la ciudad de México el 31 de Marzo de 1995 .
Para valorar el AIDPI, es preciso conocer cómo emerge el movimiento indígena después de la dura represión que fue objeto particularmente a inicio de los años ochenta. Lo que sigue, expone de forma breve, el fortalecimiento del movimiento indígena que de acuerdo a Sieder ya había “un incremento de conciencia étnica que se concreta con el acuerdo de paz en 1995” (1997:112).
Es importante valorar cómo el movimiento indígena durante los “años ochenta”, producto de la represión organizada y dirigida por el ex presidente Rios Montt, “las organizaciones culturales tuvieron que abandonar toda actividad pública”, tal como lo describe Bastos y Camus (2003:56). Entre 1979 y 1980, los líderes indígenas no tuvieron más opción que incorporarse a la guerrilla, unirse al gobierno o exiliarse, otros hablan de “esconderse” o quedarse en sus lugares de origen, aunque representara riesgos.
Esto ocasionó que el movimiento indígena debía ser parte de alguno de los bandos en términos ideológicos. Aunque de acuerdo a Bastos y Camus (2003:58), la opción revolucionaria fue aceptada de una forma generalizada . Posterior al control militar que existía en la zona donde el movimiento indígena era todavía existente, se empezó a articular otras caras del movimiento indígena que empiezan a trabajar por incidir en espacios de demandas y derechos como pueblo Maya como fue el movimiento indio Tojil (Bastos y Camus, 2003:65).
Uno de estos aspectos fue el vínculo que existía con organizaciones indígenas a nivel Centroamericano y en otros espacios a nivel internacional, que sirvieron como base para la denuncia de la situación que vivía la población indígena producto de la represión y control militar, así como, las condiciones de vulnerabilidad de la población.
Después de las reformas constitucionales de 1985, se da un espacio de apertura y proliferación de organizaciones indígenas que se dedican a realizar actividades de tipo culturales y de desarrollo según consta en Entre el Mecapal y el Cielo (Bastos y Camus 2003:76). De acuerdo a lo referido por Jonas (2000) y Sieder (1997), las organizaciones indígenas empezaron a emerger a partir de grupos de derechos humanos organizados en torno a demandas abiertamente políticas, relacionadas de forma directa con la guerra contrainsurgente.
En 1990, los grupos indígenas civiles representaron un papel activo al incidir sobre los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz representaron un capítulo importante en la lucha de la población indígena de Guatemala, como resultado se incorporan sus demandas en la agenda nacional democrática a través de los acuerdos de paz suscritos de forma definitiva en 1996 (Sieder, 1997:105).
Al igual que Sieder (1997), Bastos y Camus (2003), explican que las organizaciones indígenas estaban ausentes durante las conversaciones de los acuerdos de paz tanto en la guerrilla como entre los actores gubernamentales.
Según Sieder, las organizaciones indígenas agrupadas en la Coordinadora de Organismos de los Pueblos Mayas (COPMAGUA), presentaron una propuesta sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas en la mesa negociadora y a la ASC (1997: 111).
La ASC era un foro donde participaban diferentes sectores ahí representados que tuvo como características su amplia diversidad y como espacio de consenso en el que se discutían los temas sustantivos en la agenda de negociaciones (Jonas, 2000:97). La incorporación de representantes indígenas en la ASC no estuvo exenta de conflictos. Algunas tensiones que se generaron se basaban en incrementar el número de representantes indígenas en este núcleo, así como, las temáticas que al final quedaron fuera de la propuesta que se presentaría a la URNG, tales como: lo referido a la tierra y en particular un tema de central interés, el de Autonomía (Sieder, 1997: 113).
De acuerdo con la percepción de Bastos y Camus (2003), la pobre visión de la guerrilla sobre la temática indígena obligó el acercamiento con la Asamblea de la Sociedad Civil en este tema para escribir los acuerdos sobre identidad y derechos de Pueblos indígenas. Posteriormente, la URNG adoptó la propuesta presentada por la ASC como su posición negociadora, mismos que se firman finalmente en 1995 (Sieder, 1997:113).
Es importante tomar en consideración el contexto internacional en que emergen estos acuerdos, en particular lo referido a los acuerdos AIDPI. Por un lado, la demanda por los derechos humanos de las organizaciones con amplia base indígena que había sido muy afectada por la guerra producto de la represión militar. La conmemoración de los 500 años de la llegada de los españoles a América, la entrega del premio novel de la paz a Rigoberta Menchú (Sieder, 1997:110). También es trascendental destacar que cuando se firman los acuerdos AIDPI, el movimiento indígena internacional ya ha cobrado fuerza en sus reclamos por el reconocimiento legal de parte de los Estados en distintos países de América Latina. Además, de la declaración del decenio de Pueblos indígenas (1994-2004) (Bastos y Camus, sf pg. 10).
Los contenidos de los acuerdos de paz entre los tres países en guerra, son diferentes. El caso de Guatemala por ejemplo, incluye uno específico sobre Pueblos Indígenas en el que en su contenido medular aborda aspectos referidos a derechos que han sido negados a esta población, a saber:
A la educación en su propia lengua y reforma educativa sustancial para el acceso en iguales condiciones a la niñez y juventud indígena rescatando la educación endógena. El reconocimiento de las lenguas indígenas. Apertura de espacios de difusión; espiritualidad y acceso a centros ceremoniales. Se reconoce el rol de la organización tradicional y al manejo de sus asuntos. Reconocimiento al derecho de propiedad colectiva y aprovechamiento de los recursos naturales. Participación a todos los niveles, aspecto sobre tierras, derecho indígena, derecho de las mujeres indígenas y reformas constitucionales para incorporar dichos derechos.
4. Valoraciones de los acuerdos de paz en Nicaragua y Guatemala
Sáenz explica que la agenda de negociaciones se dividió entre sustantiva y operativa. La sustantiva era prioritaria ya que tenía como objetivo la solución de problemas que originaron el conflicto armado interno; al contrario de la operativa que de hecho se lograría con la desmovilización de la guerrilla (2007:117).
Si revisamos los acuerdos de paz entre el gobierno y los grupos insurgentes en los tres países en guerra, solamente en El Salvador y Guatemala se suscriben en términos de dos formas diferenciadas: los sustantivos y los operativos. En Nicaragua, los acuerdos tanto con la Resistencia indígena como con la Resistencia Nicaragüense, se inscriben en los operativos. Es por eso que Pásara considera que “en diversas partes del mundo los acuerdos de paz firmados han sido limitados, menos ambiciosos, usualmente se refieren a cese al fuego” (2002:103). En el caso de Guatemala, el núcleo central de los acuerdos eran los llamados por las partes como “sustantivos” (2002:104) .
Es aquí donde se circunscriben los acuerdos de identidad y derechos de los pueblos indígenas en Guatemala suscrito en 1995, se refiere al reconocimiento a sus propias formas de organización social, el ejercicio de derecho consuetudinario así como, participar de niveles de autonomía municipal que legalmente está garantizada por medio de procesos electorales que rigen la nación, entre otros aspectos. No hay que olvidar que su contenido es una propuesta que emerge de las organizaciones indígenas, su contenido es bastante avanzado en relación a la propuesta de autonomía en la Nicaragua de 1985-86; esto en parte obedece al contexto internacional que empujaba un contenido con mayores aspiraciones.
En Nicaragua, al igual que en Guatemala, se reconocen las propias formas de organización social, el nivel de autoridad tradicional, así como, la elección de autoridades a nivel de sus comunidades, el municipio y la región. Se constituye el régimen de autonomía para los pueblos y comunidades del Atlántico de Nicaragua por medio de una ley especial de “autogobierno”; no obstante, este tiene el defecto que su sentido es multiétnico y no indígena como era la aspiración de las comunidades. Además de ser contenido en una ley y respaldado constitucionalmente.
No obstante, los contenidos sobre los acuerdos de paz - AIDPI en Guatemala, son bastante avanzados en materia de derechos colectivos de pueblos indígenas pues ya recoge con mucha puntualidad aspectos que tardarán en ser reconocidos en Nicaragua a pesar de la existencia de una Ley de Autonomía.
Es importante destacar que en Guatemala los acuerdos se suscriben con la organización guerrillera como interlocutor directo y no, con el movimiento indígena, a pesar de su relevante aporte a través de la sociedad civil organizada. En Nicaragua, hay una relación directa entre movimiento indígena armado y el gobierno sandinista en la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, las contradicciones propias de la lucha armada bajo la guerra fría, no permitió proponer a través de la Asamblea Regional Multiétnica, una propuesta que aglutinara a todo el movimiento indígena que se encontraba en el exilio; la autonomía también era una aspiración para ellos.
Para Sieder (1997), Jonas (2000) y otros autores, el AIDPI, es uno de los acuerdos de mayor relevancia que se obtienen producto del proceso de paz en Guatemala. Pero en sí mismos son muy amplios, desde esta perspectiva algunos analistas consideran difícil de implementar . Las demandas que se circunscriben al AIDPI se inscriben en una forma diferenciada de ciudadanía la cual reconoce la diversidad dentro del marco constitucional que garantice derechos para todos (Sieder, 1997:121).
Reconocimientos constitucionales
Como se dijo antes, el reconocimiento constitucional en Nicaragua se realiza de forma inmediata al aprobar la ley de autonomía en la medida en que los grupos indígenas armados se van desmovilizando. Al igual que la ley 28 o de Autonomía, se integran importantes derechos para las comunidades indígenas del Caribe en la Constitución (1987) : territorios indígenas, propiedad comunal, aprovechamiento de recursos naturales, educación en sus propias lenguas a través de programas dirigidos por el Estado. También incluye aspectos como autogobiernos, no discriminación, naturaleza del Estado, reconocimiento de las lenguas indígenas, existencia de un régimen de autonomía para la región, derecho consuetudinario, derecho a intérprete en procesos judiciales, y otros más (Ver. Cn. Pol. Nic, 2003).
Es importante recordar que los acuerdos de paz en Nicaragua se refieren específicamente al cese al fuego, y no contemplan aspectos concretos sobre los derechos sustanciales de los Pueblos Indígenas; aunque esta era de cierta forma condición para el desarme e integración a la vida civil. Por lo mismo, la consulta a la ley de autonomía se realiza a la par del proceso de paz pero sin establecer trabas legales que impidieran la continuidad del proceso de paz y autonomía para las actuales Regiones Autónomas del Caribe nicaragüense. El clima político era benéfico para aprobar dicha ley, en el seno de la Asamblea Nacional los sandinistas eran mayoría.
En Guatemala la Constitución de 1985 como dije antes, tiene un contenido muy pobre en referencia al reconocimiento de la diversidad étnico-cultural. En su interior se reconocen aspectos como: identidad cultural en la que se incorporan los valores, lengua y costumbres culturales. Así mismo, sobre el patrimonio cultural, protección al arte, folklore, artesanía, al patrimonio natural; promoción cultural. De igual forma, el Estado reconoce la existencia de grupos indígenas de ascendencia Maya. Reconoce también las formas de tenencia comunal que históricamente les ha pertenecido. Enseñanza bilingüe; descentralización para las municipalidades. Son los más relevantes que trata sobre los pueblos indígenas, sin utilizar directamente la palabra en cuestión. El contexto de aprobación de esta Constitución, todavía priva el Estado contrainsurgente, los pueblos indígenas eran para esa época considerados “enemigos del Estado”. Por lo demás tampoco interesaba incorporar sus demandas desde la esfera gubernamental; además, se contaba con un movimiento indígena diezmado y fraccionado por la guerra que impedía su movilización para demandas de tipo político como los derechos indígenas.
No obstante, los acuerdos de paz firmados entre la URNG y el gobierno, van a obligar un reconocimiento constitucional que por lo que se sabe, aun hoy es un asunto pendiente. En Guatemala, la mayor dificultad de los acuerdos de paz, se refiere a la obligatoriedad que implicaba las reformas constitucionales que pasaban por el poder legislativo, así como lo detalla Jonas (2000), en su libro De Centauros y Palomas. De acuerdo a las valoraciones que realiza esta autora, señala algo realmente importante cuando dice que el problema estructural más importante era el solo requisito para que las reformas fueran aprobadas en un referéndum. Aquí hace la comparación con el caso del reconocimiento de los derechos civiles que beneficiaron a la población de ascendencia africana en Mississippi, Alabama; si se hubiera realizado una consulta en ese momento entre una población fuertemente etnocéntrica y racista seguramente ese reconocimiento no hubieran progresado (2000:391). Esta analogía es relevante dada las similitud entre la mayoría poblacional indígena en Guatemala y la de Alabama, Estados Unidos, que buscaba también transformar la naturaleza del Estado, reconociendo no solo que es una nación multiétnica, plurilingüe y multicultural, sino también derechos específicos para los pueblos indígenas.
Antes de pasar al referéndum, las batallas estuvieron centradas en la Asamblea Legislativa. Las organizaciones indígenas a juicio de Jonas, tuvieron un rol protagónico para realizar cabildeo entre los diputados, además de presentar sus propias propuestas que incluso quisieron ampliar algunos aspectos relativos a la tierra, lenguas indígenas y derecho consuetudinario indígena (2000:363).
Ese protagonismo también se reflejó en el proceso de consulta sobre las reformas constitucionales. El movimiento indígena se movilizó para apoyar los contenidos que había incorporado en el AIDPI. A pesar de todo, hubo una fuerte campaña a favor del NO, que de alguna forma atacaban directamente al acuerdo de identidad. Esta campaña resultaba de grupos conservadores, empresarios y militares que se oponían a la mayoría de las reformas que estaban planteadas en la consulta (Ver en detalle Jonas, 2000).
En Mayo de 1999 se realiza el referéndum para las reformas constitucionales que habría de dar el respaldo a los acuerdos de paz suscritos entre la URNG y el gobierno en 1996. Durante la consulta, ganó el abstencionismo ya que solamente el 18.5% de la población empadronada salió a votar. El resultado de dicha consulta fue de un NO . Eso significó a juicio de algunos autores como Jonas (2000), que se perdiera la oportunidad de hacer cambios sustanciales para la transformación real del país.
Para Sieder el tema de los derechos indígenas aun cuando está explícito en el Convenio 169 y de alguna forma en la Constitución, se requiere de enmiendas constitucionales que permitan un reconocimiento efectivo de esos derechos. Esto a expensas de que se pueda adecuar la legislación ordinaria en algunos temas específicos como los aspectos jurídicos (2002:40).
Sin duda, la ratificación del convenio 169 de la OIT en Guatemala (1996) , promovió derechos no reconocidos constitucionalmente que benefician directamente a las comunidades indígenas en todo el país.
Si bien es cierto, los acuerdos de paz no se concretaron en una legislación de forma directa, sin embargo, a pesar de las voces detractoras de los acuerdos, se observa que ha habido importantes avances que permiten medir la constancia del movimiento indígena en Guatemala en la búsqueda por sus reconocimientos como pueblos.
Conclusiones
Al realizar la comparación entre los acuerdos de paz firmados en Nicaragua y en Guatemala, sobresalen algunos aspectos que ya se plantean en el interior del ensayo, tales como: la disparidad en el tiempo; mientras los acuerdos en Nicaragua se firman en 1985, en Guatemala los AIDPI se suscriben en 1995. Por otra parte, el contexto internacional también incide de forma impresionante sobre los contenidos de los acuerdos que ocurren en Guatemala, referidos al acuerdo de identidad. Como se ha dicho antes, había culminado la guerra fría, el movimiento indígena a nivel internacional estaba impulsando nuevas luchas entre ellas, el reconocimiento de los pueblos indígenas por parte de los Estados nacionales solo como ejemplos.
A pesar de que los acuerdos se suscriben en un contexto de guerra, hay un movimiento que toma fuerza y se afianza en el proceso de paz que permite su visibilización como es el caso de los Pueblos Indígenas en ambos países. Esto obedece en parte a la exclusión histórica a la que han sido objeto por los grupos de poder en sus respectivos países.
En relación a los contenidos de los acuerdos de paz, estos varían sustancialmente entre uno y otro país, probablemente sea el contexto y la fuerza de los movimientos que los suscriben que fortalecen los aspectos tratados en su interior. Cabe recordar que los acuerdos con la insurgencia armada en el Caribe nicaragüense se basan en asuntos tradicionalmente tratados en cualquier acuerdo de paz, a diferencia de los acuerdos planteados y suscritos en Guatemala, que son básicos por su contenido en la reivindicación de los derechos sustanciales de los Pueblos Indígenas, casi comparados a los que recoge la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (aprobada por la Asamblea General en el 2007).
Un aspecto sustancial plateado por Sáenz (2007), son la condiciones en las que los movimientos insurgentes asumieron la negociación en cada país. Probablemente en este aspecto, en las mesas de negociaciones privó la segunda situación planteada en este caso, el aspecto estratégico en el que las negociaciones resultarían fundamentales para alcanzar los objetivos planeados por el movimiento revolucionario (2007:107). Al igual que en Nicaragua, el gobierno impuso en Guatemala la desmovilización de los grupos insurgente para emprender la marcha de las negociaciones. No obstante, en Nicaragua, el cese al fuego se da a lo inmediato que se está realizando la consulta para la propuesta de ley de Autonomía. En Guatemala este es un proceso posterior cuando se firma el último acuerdo con la URNG en Diciembre de 1996.
Algunos analistas señalan de verdaderamente importante la actuación de las organizaciones de la sociedad civil porque el resultado de los acuerdos de paz es precisamente la participación amplia que tuvieron en cada uno de los acuerdos suscritos entre el gobierno y la URNG. En este caso, un logro fue, la visibilización a través de la ASC de las organizaciones indígenas que tuvieron eco y se consolidaron después de los acuerdos de paz; de manera que abrió el camino para continuar sus luchas en la reivindicación de sus derechos. En Nicaragua, la consolidación del movimiento indígena ha sido efímera en el tiempo, considerando la fragilidad de la organización desde la constitución de ALPROMISU a YATAMA, en particular porque los intereses creados en la guerra dividieron su accionar. El logro más valioso ha sido la demanda de autonomía como efectivamente fue reconocida por el Estado, aun con sus limitantes.
Los resultados en Nicaragua son tangibles debido a la aprobación inmediata de la Ley de Autonomía y la nueva Constitución publicada ambas en 1987. Por lo mismo, de los acuerdos de paz con la Resistencia indígena casi nadie habla, pues como ya señalé antes, fueron nada más el puente para la puesta en marcha de un régimen de autonomía que posteriormente es respaldado constitucionalmente tal y como lo demanda el movimiento indígena armado y la población civil. En Guatemala, este proceso va a dar como resultado, la unificación en las demandas en una sóla voz que demanda su reconocimiento y exige su visibilización ante una sociedad que históricamente los excluye; se pretende con los acuerdos de identidad y derechos de Pueblos Indígenas, la transformación nacional, que aunque no ha sido posible a través de una reforma constitucional, paso a paso, se van incorporando cambios en esta compleja sociedad donde la mayoría de su población es Indígena.
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Entrevista:
Hazel Law, ex diputada y actualmente líder indígena en Nicaragua. 12 de Noviembre y 4 de Diciembre 2008.
RESUMEN
Los acuerdos de paz entre el gobierno y la insurgencia armada en Nicaragua y Guatemala fue una necesidad ante las distintas formas de exclusión social histórica vivida por los Pueblos Indígenas en cada uno de estos países; en cada caso, había un proceso de guerra que los afectaba directamente, la solución era un acuerdo de paz. Los contenidos de los acuerdos son una demanda de mayor atención en sus diversas necesidades sociales, culturales, económicas y jurídicas.
Como bien dicen varios analistas, los acuerdos AIDPI en Guatemala son realmente ambiciosos por su contenido amplio, pues intentaban transformar la desigualdad que hasta hoy es visible en este país; a diferencia de Nicaragua, donde si hubo un reconocimiento constitucional a sus demandas quedando explícitas en la Constitución de 1987 y en la Ley de Autonomía; en Guatemala esa es aun la lucha en la vida cotidiana y en el movimiento indígena que impulsa cambios a través de sus negociaciones directas con los gobiernos desde 1996. La paz en si misma es un logro, así como explica Hazel Law para el caso nicaragüense, pero para alcanzarla realmente se requiere de muchos esfuerzos para que la población indígena obtenga en la práctica sus derechos colectivos que hasta ahora han demando; en particular que mejoren sus condiciones de vida y sus derechos estén en consonancia con los avances democráticos de cada país.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Seminario Temático “Centroamérica en el Siglo XXI”
I Cuatrimestre
Coordinador: Dr. Ricardo Sáenz
Estudiante: Arelly Barbeyto.
5 de Diciembre, 2008.
La autora es Candidata a Doctor por la FLACSO-Guatemala.
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